La contrarreforma de Gallardón

sábado, 28 de diciembre de 2013 by Nacho Martín
La reforma del aborto impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha creado mucha polémica estos días, y no es para menos. Supone un retroceso (otro más) en cuanto a derechos y libertades, enmascarado precisamente como un intento de proteger al no nacido.

Pero no nos engañemos: esta reforma es profundamente ideológica. Está enfocada a contentar al espectro más conservador de la derecha española. Si de verdad se preocuparan por el no nato, de igual manera deberían preocuparse por el ya nacido, y múltiples ejemplos señalan en dirección contraria: recortes en Sanidad y Educación, desahucios de familias con hijos, promulgación de la horrible LOMCE... Pero lo peor de todo es que, después de obligar a parir a una mujer que no quiere, sus ayudas a la maternidad serán escasas. Y, en el terrible caso de que el niño sufra una enfermedad que le condene a ser una persona dependiente el resto de su vida, su familia tampoco recibirá ayuda alguna, dado la reducción hasta su mínima expresión de la Ley de Dependencia.

Esta Ley nos aleja del estándar europeo en lo que a interrupción del embarazo se refiere. Nos alejamos de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, y nos acercamos a países como Catar, Liberia, Guinea o Malta.

Así que no, no nos lo creemos. Esta ley no nace como defensa del embrión. A este Gobierno no le interesa ni le ha interesado nunca proteger al más débil. Al contrario, esta ley hace que, una vez más, solo las clases pudientes puedan costearse un viaje a un país extranjero para abortar. Porque, queridos amigos, a las pijas y a las ricas también se les rompe el condón.

Las salidas de Rajoy

viernes, 1 de febrero de 2013 by Nacho Martín
Estamos viviendo un hecho inédito. El Presidente del Gobierno ha sido acusado de cobros de dinero obtenido de forma ilegal, y aún no ha aparecido públicamente para explicarse o dar su versión de los hechos. El diario El País ha publicado una información de carácter gravísimo, sostenida por múltiples pruebas e incluso confirmada ya por varios de los que cobraron esos negros sobres. El Partido Popular, hasta ahora, lo único que ha hecho es negar la mayor. Algo que es claramente insuficiente dada la gravedad de la acusación.

Con esto, a Rajoy solo le quedan tres salidas: atrincherarse en la negación y demandar al diario que ha vertido las informaciones, juicio que tendría perdido si nos atenemos a las pruebas presentadas; reconocer que ha habido pagos, pero que él desconocía que procedían de dinero ilegal, es decir, reconocer implícitamente que es un incompetente incapaz de darse cuenta de lo que pasa en su partido durante 11 años; y tercera, dimitir él y todo su Gobierno en bloque, a la vez que convoca elecciones generales anticipadas, reconociendo el escándalo.

¿Cuál es la más probable? La primera, sin duda. Rajoy intentará que todo el asunto se enfríe de una u otra manera, y tratará ganar el máximo tiempo posible. Pero no va a poder demostrar que las acusaciones son falsas, simplemente porque no lo son. Tarde o temprano, esta decisión le llevaría a un callejón sin salida, pero puede que le merezca la pena si consigue ganar el tiempo suficiente.

Pero, sin duda, lo que debemos exigir los ciudadanos es que se actúe y rápido: si no es capaz de demostrar inequívocamente la falsedad de la documentación presentada por El País, el Presidente y su Gobierno deben dimitir en bloque, y no podemos aceptar ninguna otra solución. Mientras tanto, desde el PSOE se sigue una estrategia de tibieza (siguiendo la misma línea que desde que empezó a destaparse el caso Bárcenas) y Rubalcaba no se ha atrevido a pronunciar la palabra "dimisión". Y, mientras tanto, Espenanza Aguirre ha vuelto hoy de unas vacaciones muy oportunas, "ajena" a todo lo que ha ocurrido. Mañana hablará en la Ejecutiva extraordinaria del PP que ha sido convocada, y es posible que dé un paso al frente.

¿Por qué nuestro sistema es bipartidista?

miércoles, 23 de enero de 2013 by Nacho Martín
Después de todo lo vivido en los últimos años, a pocos se les escapa que nuestro sistema político sufre un mal endémico llamado bipartidismo. A lo largo de su historia, nuestro Parlamento ha estado dominado mayoritariamente por dos únicas fuerzas, una de derecha y otra de centro (o centro-izquierda, para los aún creyentes), que han sumado entre 284 y 323 escaños en su conjunto durante las diferentes elecciones generales desde la caída de la Dictadura (nuestro Parlamento cuenta con 350 escaños en total).



Antecedentes.

Para saber por qué se da esta situación, debemos fijarnos directamente en los textos que configuran nuestro sistema político: la Constitución y la Ley Electoral.

Tras las elecciones de 1977, primeras del periodo democrático, se estableció un Parlamento dominado por UCD, con el PSOE como principal partido de la oposición. La ponencia para elaborar una Consitución fue compuesta por 7 diputados, 5 de ellos de derechas. Lo que parecía ser un texto progresista tras salir del periodo dictatorial se ha vuelto, en perspectiva, una Constitución incompleta que resolvía algunos problemas de fondo de manera muy rápida pero sin abordarlos directamente. Y, de aquellos barros, vienen estos lodos. Pero esto da para otro artículo.

Nuestra Constitución estableció una de las losas que hacen del sistema bipartidista español inamovible: la provincia como circunscipción. Este concepto no se sostiene dentro del propio sistema, pues el Congreso se configura como una cámara de representación estatal, por lo que no tiene sentido dividir los escaños provincialmente. Para representar a las regiones ya se encuentra (se supone) el Senado.

La otra losa la encontramos en la Ley Orgánica que regula las elecciones, la LOREG. En ella, se establece que el mínimo número de diputados por provincia, es de dos, correspondiendo a Ceuta y Melilla un diputado a cada una.

¿Por qué PP y PSOE suman el 85% de los escaños con menos del 75% de los votos?

¿Qué consecuencias tiene todo esto? En primer lugar, las circunscripciones pequeñas favorecen a los grandes partidos y perjudican a los pequeños. Al repartirse pocos escaños, estos se concentran en los partidos más votados, dejando al resto sin representación. Así, puede ocurrir que una fuerza con casi el 10% de los votos en una provincia se quede sin ningún escaño. Además, el haber un mínimo de escaños por circunscripción hace que las provincias con menos habitantes estén sobrerrepresentadas y, paralelamente, las más grandes, infrarrepresentadas.

¿A quién benefician estas leyes?

Claramente, estas leyes benefician a PP y PSOE, que son los dos grandes partidos. También beneficia, aunque de modo más pasivo, a los partidos nacionalistas, aunque estos tienen una representación aproximadamente acorde a su porcentaje de votos. Los grandes perjudicados son, sin duda, los partidos nacionales minoritarios, especialmente Izquierda Unida y UPyD, que podrían obtener más del doble de escaños con una ley proporcional más justa.

¿Tiene solución?

La tiene, pero no es fácil. Como hemos visto, las losas sobre las que se sustenta el bipartidismo son muy duras: la Constitución y una Ley Orgánica. Para cambiar esta última, hace falta mayoría absoluta. Para la primera, 3/5 de los votos tanto del Congreso como del Senado. Es decir, para modificar cualquiera de las dos normas, se necesitan los votos de uno o de los dos partidos mayoritarios. Esto sería, para ellos, hacerse el harakiri. La única solución pausible pasa por votar a opciones minoritarias que consigan arrebatar la mayoría absoluta a cualquiera de las dos formaciones para que se vean obligadas a pactar con ellas, siendo condición indispensable para este pacto la modificación del sistema electoral en su totalidad. Una vez llegado este acuerdo, el punto principal innegociable debe ser la circunscripción única estatal para la elección de los diputados del Congreso. Otras medidas que contribuirían a quitar poder a los dos grandes partidos y a que todos los ciudadanos pudieran sentirse representados serían suprimir el umbral electoral (actualmente en el 3% a nivel estatal) y subir el número de diputados hasta 400, algo que podría hacerse incluso sin modificar la Constitución en este apartado.

Pero, sin duda, la opción que más favorece al bipartidismo y más daño hace a nuestra democracia es la abstención. Que no te engañen: actualmente la abstención no es un sistema válido de protesta democrática. Y, si piensas que la política no va contigo, intenta darte cuenta de todos los políticos que se benefician de que tu pienses así.





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